El derecho a la inclusión digital es un derecho humano procedente del nuevo entorno tecnológico que ha creado Internet. Se puede derivar de otros conceptos como el derecho de acceso a la información de relevancia para la Humanidad, el derecho de acceso a los medios técnicos de comunicación públicos y privados, así como del derecho a la Tecnología. Los avances en información y comunicación deben ser disfrutados por todos los seres humanos, y cabe considerar que en la actualidad exclusión digital equivale a exclusión social.

Junto a la inclusión digital, que es un aspecto emergente de las nuevas tecnologías del siglo XXI, hay otros obstáculos que deben ser abordados, como el importante problema de la brecha digital, la pobreza informativa, la censura, el uso político de las tecnologías, la desinformación, la manipulación de los medios de comunicación y la destrucción de información pública, especialmente en los contextos de guerra, cambio social, justicia social, y el fundamentalismo del mercado global. Para que estas barreras vayan siendo superadadas, el despliegue de un ecosistema digital junto a las adecuadas plataformas son requisitos previos y previsibles; sin embargo, los verdaderos pilares de las sociedades digitales centradas en el ser humano, tecnoantropocéntricas, son la educación, la ética y la participación solidaria, bases centrales del pensamiento tecnohumanista.

El éxito de los responsables de la inclusión digital dependerá de su capacidad de hacer frente a las muchas tareas que afrontan, que incluyen despliegue tecnológico, cooperación con las comunidades de usuarios, creación de servicios, el buen gobierno, y el desarrollo de herramientas colaborativas y participativas. Además, en un plano más estratégico, deben replantear aquellas políticas de información que perpetúan la exclusión, tanto económica, como jurídica, social o política. Sobre todo en las diversas minorias que viven y trabajan por todo el planeta, desde las grandes ciudades a las pequeñas áreas rurales en contextos remotos.

Hay que impulsar la creación, desarrollo y experimentación de proyectos de inclusión digital que integren a las personas más aisladas de la sociedad digital que viven y trabajan en circunstancias en las que son olvidados, marginados o desplazados por factores tales como su sexo, identidad de género, clase, orientación sexual, nacionalidad, origen étnico, ubicación geográfica, idioma, patrimonio, capacidad física o mental, educación, creencias, filosofía política, circunstancias económicas, raza, y/o religión. El propósito es conseguir que estos colectivos se integren también en los proyectos donde los sectores público, privado y cívico trabajan en común para diseñar las líneas de la política de información a seguir.

Así, la inclusión digital, situada como un punto fundamental de la justicia social y los derechos humanos, puede fomentar nuevos espacios para la tolerancia y la comprensión y contrarrestar los intentos de personas y grupos que buscan imponer valores, costumbres o creencias en el mundo digital y, que frecuentemente, afectan también a zonas no digitalizadas. Las iniciativas de inclusión digital deberían implicar la instauración de situaciones creativas e inteligentes en entornos aislados que se caracterizan a menudo por la ruralidad, la oralidad, el aislamiento, el envejecimiento de la población, la pobreza, y las tradiciones aborígenes e indígenas.

Este activismo estratégico respecto al desarrollo de la tecnología digital en las comunidades no digitalizadas requiere voluntad política y acción colectiva, además de acceso, conocimiento y uso de una variedad de tecnologías, infraestructuras y aplicaciones entendidas como herramientas de emancipación y planteadas en forma de proyectos sostenibles. Por tanto, es necesario que la comunidad global identifique las posibles sinergias en las redes existentes de inclusión digital para la aparición de nuevas iniciativas que permitan integrar este derecho fundamental como uno de los más importantes en el contexto de los derechos humanos y la justicia social.

Evidentemente, requerirá una colaboración democrática global que permita desarrollar un proceso innovador a gran escala, abierto, centrado en el usuario y volcado en el desarrollo social. El beneficio potencial sería conseguir una mayor producción de la infraestructura social basada en la colaboración y la cooperación, así como en proyectos y profesionales en el uso de las nuevas tecnologías digitales, mejorando el acceso de las comunidades a la comunicación, la información y los medios necesarios que las ayuden a prosperar.

La Inclusión Digital se fundamenta en la base de que la democratización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que facilitan el acceso a miles de oportunidades informativas, laborales o de ocio, es fundamental en la sociedad actual y su uso debe ser independiente de la condición de cada persona.

Según la Comisión Europea, la inclusión digital debe lograr que todas las personas puedan contribuir y beneficiarse de la economía y la sociedad digital. Esto supone trabajar en distintas vertientes: Acceso a las TIC, garantizando infraestructuras, precios asequibles y también facilidad de uso. Tecnologías de asistencia, que facilitan el acceso a personas con discapacidades que de otro modo no podrían utilizarlas. Alfabetización digital, incluyendo la formación en TIC en la educación básica y en el aprendizaje continuo de las personas. Inclusión social, poniendo el foco en los sectores más desfavorecidos de la sociedad con programas específicos que les ayuden a incorporarse al mundo digital.

Los sectores más vulnerables de la sociedad son quienes más sufren la brecha digital. Aunque hay variaciones entre países, suele afectar en mayor medida a las mujeres, las personas mayores, las minorías raciales y étnicas, las personas con discapacidades, las poblaciones rurales y las de baja condición socioeconómica. La brecha digital no es otra cosa que el reflejo de la brecha social en el mundo digital.

Si la inclusión digital forma de algún modo parte del entramado social, entonces los que estamos interesados en la integración de más personas a los procesos políticos relativos a los derechos humanos y la justicia social, podremos emplear iniciativas de inclusión digital de modo que contribuyamos al intercambio de ideas e información necesarias para su participación.

En resumen, defender la inclusión digital como uno de los derechos humanos emergentes del siglo XXI requiere entender que es uno de los más importantes del conjunto de los derechos humanos, pero que está en continua expansión, al igual que lo está el Ecosistema Digital, por tanto necesita un mayor esfuerzo y una continua revisión si queremos que sea una realidad en el Futuro que viene.